Tensiones y límites actuales en la ciudadanía ambiental

La situación actual es compleja y contradictoria, ya que se cristalizaron muchas reformas de mercado, pero a la vez la demanda por otra ciudadanía fue uno de sus campos de resistencia. En un importante número de países, las movilizaciones populares y transformaciones políticas desembocaron en gobiernos que se definen de izquierda o progresistas (Brasil, Chile, Ecuador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela). En algunos de ellos, los partidos políticos envueltos en estas transformaciones ofrecían discursos electorales con una fuerte invocación a la temática ambiental (como fue el caso del Partido de los Trabajadores (PT) con Lula da Silva en Brasil, o Alianza País con Rafael Correa en Ecuador), de donde se esperaba un fuerte compromiso con la ciudadanía ambiental.
Sin embargo, eso no ocurrió. –En Venezuela es más que evidente-. Buena parte de los nuevos gobiernos –supuestamente progresistas- mantienen los mismos estilos de desarrollo basados en la apropiación de recursos naturales, de alto impacto ambiental y bajo una perspectiva económica clásica. Se mantuvo, y en algunos casos se profundizó, la extracción de recursos naturales para volcarlos a las exportaciones bajo la dependencia de la inversión extranjera.
–Recordemos el hallazgo gasífero en el estado Portuguesa- ¿Quién ganó? La Repsol, por supuesto, cuyos capitales en las bolsas son aun mayores, y algunos altos funcionarios de cuello rojo. ¿Quiénes perdieron? Los portugueseños, “ahora” más pobres que antes del hallazgo. Sólo una muestra para ilustrar el tema en cuestión.
Esos énfasis hacen que en muchos casos los gobiernos ignoren las demandas ciudadanas por los impactos ambientales de esos emprendimientos o de flujo del capital, y que incluso lleguen a enfrentar la protesta social. No se atienden los reclamos ciudadanos ya que la imposición de mayores condicionalidades ambientales, seguramente impediría el arribo de nuevos capitales o anularía algunos flujos exportadores todo lo cual se considera indispensable para las economías nacionales. Los derechos ciudadanos quedan supeditados al capital, y persisten las limitaciones sobre las evaluaciones y controles ambientales.
Algunos gobiernos -incluso el nuestro- caen en paradojas donde no se aseguran los derechos de las comunidades locales, pero por el contrario protegen activamente los “derechos de propiedad” y “derechos de inversión” de corporaciones transnacionales y empresas locales, las que en muchos casos están detrás de esos impactos.
Es así que la ciudadanía de baja intensidad o limitada se mantiene, aunque claramente el contenido de los problemas no es idéntico a lo observado en la década de 1990. Bajo esas restricciones y tensiones, la puerta de escape ha sido enfocar la ciudadanía ambiental hacia cuestiones menos controvertidas, que no implican cambios sobre la esencia de las estrategias de desarrollo, sino sobre aspectos secundarios como sucede con algunas campañas de educación ambiental, responsabilidad empresarial, o marketing verde.
De allí la urgencia de que líderes con sensibilidad ambiental y visión ecológica asuman con el respaldo de la sociedad, la conducción de los espacios donde se toman las decisiones, para poder generar sin demora el anhelado desarrollo sustentable.